La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó al juez instructor del caso Koldo la autorización para registrar la sede de la empresa 'Obras Públicas y Regadíos SA' (OPR), ubicada en Toledo, por su presunta relación con el entramado de adjudicaciones fraudulentas investigado en esta macrocausa por corrupción.

Así figura en el informe remitido por la UCO al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio, al que ha tenido accesso La Tribuna, en el que los agentes apuntan a la posible implicación de OPR en la obtención irregular de contratos de obra pública a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), durante el mandato del exministro José Luis Ábalos. Según se detalla en la página 410 del documento, los investigadores solicitaron expresamente al juez la entrada y registro en la sede social de esta compañía para recabar pruebas documentales y digitales.

La sociedad, que tuvo como administrador a D.F.M. —vecino de Toledo desde 2023, según consta en las diligencias—, aparece vinculada en el informe policial a pagos presuntamente irregulares dirigidos al entorno del principal investigado, Koldo García Izaguirre. En concreto, se identifican pagos mensuales de 1.300 euros netos, a través de la empresa Áridos Anfersa, filial de OPR, entre septiembre de 2022 y junio de 2023.

La UCO cree que el adminsitrador, junto con su hermano, «habría utilizado su proximidad con Koldo para influir en Adif y la Dirección General de Carreteras», siendo adjudicatarios de obras que se definen en el informe. Se solicitó a su vez el registro del domicilio del administrador de la empresa, situado en la calle Luxemburgo de la capital castellano-manchega.

Los agentes consideran en su investigación que estos pagos encubren una contraprestación derivada de adjudicaciones públicas obtenidas por OPR, algunas en el contexto de contratos de emergencia. En sus conclusiones, la UCO señala que existen indicios suficientes de que esta empresa se habría beneficiado del acceso privilegiado a información y de favores institucionales gestionados por Koldo y Ábalos a cambio de retribuciones económicas.

La solicitud de registro se conoce el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la sede del PSOE para anunciar la dimisión de su hasta ahora secretario de Organización, Santos Cerdán, tras conocerse su implicación en el mismo informe de la UCO. Sánchez ha reconocido públicamente su «profunda decepción» y ha pedido «perdón a la ciudadanía» por haber confiado en él.

El informe de la UCO menciona a Cerdán en el marco de un presunto reparto territorial de comisiones derivadas de adjudicaciones de obra pública. Según la declaración del empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados, entregó 15.000 euros en efectivo a Cerdán para zanjar un conflicto sobre el reparto de contratos en el norte del país.

La investigación sigue abierta y afecta ya a múltiples exresponsables políticos y a varias empresas del sector de la construcción, entre ellas OPR, cuya sede toledana ha pasado ahora a ser uno de los puntos de interés central para los investigadores.