El 8 de enero de 2023, una turba de bolsonaristas invadió las sedes de los tres poderes de Brasil. ¿El objetivo? Incitar una intervención militar que devolviera al poder a Jair Bolsonaro en un supuesto plan urdido por el propio expresidente, inmerso ahora en un juicio penal por la presunta trama golpista.

Desde el pasado lunes y hasta el próximo 2 de junio, el Supremo Tribunal Federal del país latinoamericano escuchará a los 82 testigos presentados por la Fiscalía y la acusación para intentar esclarecer lo que ocurrió entonces.

Según el Ministerio Público, el complot comenzó después de que el líder ultraderechista perdiera las elecciones de octubre de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Esa conspiración habría desembocado, una semana después de la investidura del progresista, en el motín de enero, cuando miles de personas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para anular el resultado de los comicios.

Bolsonaro y sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, podrían ser imputados por encabezar presuntamente el intento de golpe de Estado e incitar los actos violentos. Además, de acuerdo con la acusación, los líderes de la trama planearon incluso el asesinato de Lula y de otras autoridades.

Los cinco delitos por los que son juzgados están castigados con condenas que van de seis meses a 12 años de prisión cada uno -unos 40 en total-, si bien la ley limita a 30 años la privación de libertad. Por otro lado, en caso de ser declarados culpables, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados determinan que cada crimen es independiente o si concluyen que ciertas infracciones están incluidas dentro de otras más amplias y, por tanto, solo se aplica el castigo de los últimos, según juristas consultados.

A continuación, se enumeran los delitos que se les imputan.

Golpe militar

La vulneración más grave que enfrenta Bolsonaro, con una pena de cuatro a 12 años de cárcel, está definida por la ley como el «intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido».

La denuncia de la Fiscalía, admitida por el Supremo, afirma que este propósito se vio reflejado en los «ataques recurrentes» al proceso electoral, la «manipulación indebida» de las Fuerzas de Seguridad para interferir en las elecciones y «la convocatoria del alto comando del Ejército para obtener apoyo militar» a un supuesto decreto con el que se pretendía anular los resultados en las urnas.

Abolición violenta del estado democrático

El expresidente también está siendo investigado por el supuesto intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho.

Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de cárcel y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en la tentativa de «impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales», lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial. Es decir, no solo se limita al Ejecutivo.

Según la denuncia, el capitán retirado del Ejército y los otros acusados «minaron» los poderes constitucionales frente a la opinión pública, «incitaron a la violencia contra sus estructuras», en referencia a la invasión de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia en enero de 2023 -siete días después de que el progresista asumiera su tercer mandato- y planearon el asesinato del entonces presidente electo y de un juez del Supremo.

Organización criminal armada

Asimismo, la Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con permanecer en la cárcel de tres a ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.

La organización supuestamente liderada por el ultraderechista, de acuerdo con el Ministerio Público, se desarrolló con «orden jerárquico», tuvo una «fuerte influencia de sectores militares» y presentó una «división de tareas» entre sus integrantes.

Deterioro de los bienes protegidos

Los daños patrimoniales también cuentan. Este delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para «destruir, inutilizar o deteriorar» bienes protegidos por la ley.

Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo «moral y material» a la turba que invadió de forma violenta la plaza de los Tres Poderes, provocando daños daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (algo más de 4 millones de euros).

Daño calificado contra el patrimonio público

Definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio «considerable» para la víctima, prevé una condena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.

La defensa de Bolsonaro ha rechazado todos los hechos. Es más, ha acusado a los investigadores y al propio magistrado instructor del caso de cometer irregularidades.

En cualquier caso, el interrogatorio de los testigos es solo el inicio de la fase, que continuará con la declaración de los enjuiciados y los alegatos finales de la acusación y la defensa. Finalmente, el Supremo dará a conocer, probablemente en otoño, el destino del expresidente.