En tertulias televisadas, en debates parlamentarios, en conversaciones improvisadas en el ascensor e, incluso, en el Festival de Eurovisión. Si hay un concepto que ha cobrado especial protagonismo en los últimos meses ese es el de genocidio, una amenaza que sigue siendo palpable pero cuya mera palabra ha terminado convertida en objeto de controversia en contextos como la invasión rusa de Ucrania o la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

El término se acuñó a mediados del siglo XX para describir en la Europa de la posguerra los abusos perpetrados por la Alemania nazi sobre comunidades específicas, en particular los judíos. Hasta entonces conocido como el crimen sin nombre  -apodado así por el exprimer ministro británico Winston Churchill-, el abogado polaco Raphael Lemkin decidió unir en 1944 el prefijo griego genos -raza o tribu- con el sufijo latino cidio -muerte- para dar nombre a las masacres ejecutadas en plena Segunda Guerra Mundial.

La Asamblea General de la ONU adoptó la palabra en 1946 pero no fue hasta dos años más tarde, en 1948, con la aprobación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en 1951, cuando llegó el verdadero punto de inflexión en materia de consenso global.

En dicho tratado, suscrito por más de 150 países -entre ellos Rusia e Israel-, se establecen como genocidio actos perpetrados «con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». 

Incluye la «matanza», pero también lesiones graves a la integridad física o mental, el sometimiento a condiciones extremas que pongan en riesgo la supervivencia, las medidas destinadas a impedir nacimientos y el traslado por la fuerza de niños. No en vano ha emergido en la conciencia colectiva como el crimen de los crímenes.

El genocidio figura dentro del Estatuto de Roma, piedra angular del Tribunal Penal Internacional (TPI), pero a lo largo de las últimas décadas se ha demostrado la complicación jurídica de acreditar la efectiva comisión de este delito, más allá de las categorizaciones de índole política.

La definición establece por un lado que debe haber una acción pero también una intención. Esta segunda variable es la más difícil de demostrar, ya que requiere tener pruebas de que los autores preveían el extermino del grupo y no, por ejemplo, una dispersión. De ahí que sea tan complejo calificar las actividades hostiles que se desarrollan hoy en todo el mudo. 

La primera condena al respecto data de 1998, cuando el tribunal creado ex profeso para revisar los abusos perpetrados en Ruanda contra los tutsis declaró culpable a Jean-Paul Akayesu, exalcalde de una comuna ruandesa, de un total de 15 delitos.

Aquel intento de exterminio étnico, que se dio entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994 y que se saldó con unas 800.000 víctimas mortales, es uno de los pocos casos de consenso en la utilización del término a nivel global. A día de hoy, por ejemplo, Turquía no duda en cargar contra cualquiera que lo esgrima para aludir a la matanza de armenios perpetrada en 1945 por el Imperio otomano.

Otro debate reciente llegó a cuenta de la represión ejercida por las Fuerzas Armadas birmanas contra la minoría rohinyá en 2018. Los investigadores de la ONU detectaron «intenciones genocidas» en esta campaña militar, que provocó la huida de cientos de miles de personas hacia Bangladés.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sí ha utilizado la palabra para describir parte de las atrocidades perpetradas por las fuerzas rusas, un alegato que incluso ha elevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Hasta este mismo tribunal ha llegado otra causa promovida por una batería de países contra Israel al entender que podría estar violando la Convención contra el Genocidio. La Haya ya ha dictaminado en medidas provisionales que las autoridades hebreas deben al menos tomar acciones para impedir un posible genocidio.

El debate está servido en un momento en el que la Unión Europea se encuentra en proceso de revisar si el Gobierno de Benjamin Netanyahu cumple con el respeto a los derechos humanos implícito en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre ambas partes.