Con el bagaje que aporta una trayectoria profesional marcada por la participación en alguno de los procesos judiciales de mayor repercusión en España en los últimos tiempos, Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Supremo que juzga a los aforados, debuta a sus 66 años como autor de obras orientadas al gran público con La Justicia amenazada (Espasa). Un libro que renuncia al lenguaje técnico para que cualquier lector interesado pueda entender cómo funciona uno de los tres pilares del Estado de derecho y qué problemas enfrenta, en un momento en el que las acusaciones de lawfare están a la orden del día y en vísperas de una huelga mayoritaria de magistrados y fiscales contra los cambios legales que pretende acometer el Gobierno en el desempeño de sus funciones.

¿Qué ha pasado en España para que la sensación de que la Justicia está amenazada se haya instaurado en la opinión pública?

Creo que la campaña de desprestigio del trabajo de los jueces y la incorporación en un pacto político de un acuerdo por el que se iba a exigir responsabilidades a los magistrados que no interpretaran «adecuadamente» la ley de amnistía han contribuido a reforzar la sensación de que la Justicia está amenazada por el Poder Ejecutivo. Y esto es especialmente grave. Una sociedad que no confía en los jueces es una sociedad que coquetea con el abismo.

Por su propia experiencia, ¿pueden los jueces desarrollar hoy su trabajo con verdadera independencia?

No tenga ninguna duda. La independencia es un mandato constitucional y debe ser un compromiso personal de cada magistrado. Cuestión distinta es que el ejercicio independiente de la función judicial pueda conllevar consecuencias personales negativas y exponga al juez a la crítica implacable por aquellos que interpretan en clave ideológica sus decisiones.

¿Por qué ha sentido ahora la necesidad de publicar por primera vez una obra dirigida al gran público? 

La ciudadanía demuestra diariamente su interés por los temas que afectan a la administración de Justicia. Este es un hecho innegable. Simplemente, he querido reflejar en este libro algunos de los problemas que afectan hoy a la Justicia a partir de mi experiencia de más de 40 años como abogado, fiscal y juez.

¿Qué opina de la investigación en curso al fiscal general del Estado?

Estoy seguro de que usted entenderá que no haga ninguna valoración sobre un asunto que está pendiente de desenlace en mi Sala. 

¿Y de los procesos contra el entorno del presidente del Ejecutivo?

Comprendo su insistencia, pero no tengo ninguna duda de que usted entenderá también mi silencio.

¿Está la clase política blindada frente a la investigación judicial?

La proliferación de aforamientos es percibida por la ciudadanía como un privilegio. Y es lógico. Creo que habría que abordar una reforma que redujera los aforamientos a los previstos en la Constitución, esto es, los que afectan al Gobierno, diputados y senadores. También el que se atribuyó posteriormente al Rey a raíz de su abdicación. 

En España se ha extendido una concepción protocolaria del aforamiento. Da la impresión de que un cargo político no tiene relevancia institucional si su titular no está aforado ante el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia. Dicho esto, hay que dejar bien claro que el aforamiento no otorga inmunidad, sino que se limita a rectificar el órgano judicial que va a enjuiciar al dirigente político. Desde este punto de vista, no existe tal blindaje. 

¿Puede el Gobierno cuestionar la labor de los jueces? 

No solo el Ejecutivo, cualquier ciudadano puede expresar su desacuerdo con las resoluciones judiciales. Sin embargo, lo que no es propio de una sociedad democrática es la descalificación de las resoluciones que se limitan a ser expresión de algo tan elemental como que los jueces tienen que poner límite a la arbitrariedad del poder político. 

Cada vez es más frecuente el uso de las investigaciones judiciales como arma arrojadiza entre los políticos. ¿Antes había más sentido del deber entre los dirigentes o simplemente ahora es más difícil ocultar conductas delictivas como la corrupción?

A esa sensación contribuye enormemente, sin duda, el uso desviado que los partidos están haciendo de la acción popular. Este es otro de los grandes problemas de nuestro sistema jurídico. 

¿Cómo recuerda su época en los juicios del procés?

La verdad es que fue una etapa especialmente difícil, pero al mismo tiempo apasionante desde el punto de vista profesional. El hecho de que fuera televisado añadió un factor de transparencia que creo que ha contribuido a legitimar el trabajo que hicimos. Guardo un buen recuerdo de la profesionalidad con la que actuaron los abogados que defendieron a los procesados.

¿Es Puigdemont un verso suelto en una causa de tal trascendencia?

Para todos los magistrados de mi Sala, Puigdemont no es sino un ciudadano procesado y pendiente, hoy por hoy, de juicio. 

 ¿Habrá amnistía tarde o temprano para el expresident?

La ley de amnistía ya ha sido publicada. La voluntad política de amnistiar los hechos que enjuiciamos es incuestionable. Cuestión distinta es que la interpretación de la norma  avale la conclusión de que el delito de malversación de caudales públicos no estaba abarcado por ella. En cualquier caso, todo está ahora en manos del Constitucional.

Cuando se hacen leyes con un marcado carácter utilitarista, como la amnistía, ¿cuál es el mensaje que se está trasladando a la sociedad?

La publicación de la ley de amnistía trajo consigo una gran polémica acerca de su encaje en nuestro sistema constitucional. A mi juicio, una norma con tantas implicaciones jurídicas y constitucionales antes de aprobarse debería haber sido objeto de un trámite mucho más sosegado y con intervención de los órganos consultivos. Las leyes tienen que responder a dos ideas clave generalidad y abstracción. Las leyes con nombre y apellidos perjudican enormemente la credibilidad del sistema. 

¿Qué papel juega el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como garante de la independencia de jueces y tribunales?

Esa es una de sus funciones más importantes. Lo que sucede es que la tremenda polarización que estamos viviendo en España determina que en muchos casos las actuaciones en defensa de los jueces sean también fruto de una gran controversia. En cualquier caso, estoy seguro de que el CGPJ ha iniciado una etapa de regeneración bajo la presidencia de Isabel Perelló y que generará efectos especialmente saludables.

¿Ha quedado realmente atrás el período de anomalía por falta de renovación en este órgano?

Eso espero y deseo. El daño ha sido irreparable. La plantilla de los órganos judiciales más importantes se ha visto especialmente afectada, pero ahora se están realizando ya todos los nombramientos para acabar con esta anomalía.

Recientemente, la Eurocámara lamentó los «ataques al Estado de derecho y la separación de poderes» por parte del Gobierno de España. ¿Sintió desencanto o enfado cuando leyó esta noticia?

La UE es algo más que una estructura burocrática. Participamos de un patrimonio jurídico común. De ahí que sus opiniones tengan que ser tenidas muy en cuenta y valoradas, más allá del sentimiento personal de cada uno de nosotros. 

¿Hay algún modelo, en Europa y en el mundo, que pueda ponerse como ejemplo de confianza en el sistema judicial?

Todos los sistemas judiciales viven de una u otra forma la tensión con el poder político. No hay ninguno perfecto. Cuestión distinta es que los escenarios insólitos que estamos viviendo en España resulten difícilmente comparables con lo que sucede en otros países democráticos. 

¿Qué avances se han logrado contra la violencia de género y qué se ha quedado en el camino?

Hace algunas décadas la violencia de género aparecía como una fatalidad a la que era prácticamente imposible hacer frente. Ahora no es así. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir adelante. Sería deseable que la sociedad española perdiera su confianza ciega en el derecho penal. Es absolutamente indispensable castigar esas conductas, pero esto tiene también que ir acompañado de medidas asistenciales a favor de las víctimas y de modelos pedagógicos que eduquen desde la infancia en el respeto a la dignidad de la mujer. 

Jueces y fiscales llevarán a Europa la reforma de Bolaños e irán a la huelga esta semana. De otro lado, JJpD y UPF defienden la reforma del acceso a la carrera y afirman que contiene avances. ¿Esa fractura judicial es reflejo de la profunda división que se ha instalado en la sociedad española?

Así es. La fractura social y política es un hecho indiscutible. Sea como fuere, tengo muy clara la idea de que reformas estructurales de la Administración de Justicia no pueden hacerse en un momento histórico como el que estamos viviendo. Desplazar los cimientos de una Administración de Justicia que ha venido funcionando después de la aprobación de la Constitución conforme a un determinado modelo, solo debería hacerse mediante el acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país y, por supuesto, con procesos legislativos encargados a expertos solventes.